*Por Conrado Yasenza

 

 

Desde que se conoció la denuncia sobre la supuesta participación que habría tenido César MIlani, actual ex Jefe del Estado Mayor del Ejército (removido por decisión presidencial el 22 de Julio de 2013 a pocos día de su designación**), en la desaparición del soldado Ledo y sobre su rol en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja que saturó, para controlar socialmente la provincia de Tucumán con la excusa de la presencia guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo - diezmada al momento de producirse el Golpe en Marzo en 1976 - y sobre su pertenencia al Batallón de Inteligencia 601 - figura en el listado que la revista Veintitrés entregó como suplemento especial (lo tengo como archivo), quien escribe estas líneas sostuvo que estos datos no eran tan graves como lo central en el caso: Que Milani formaba parte de la estructura de Inteligencia del Ejército al momento de producirse el Golpe y la desaparición de Ledo como también el secuestro, tortura y confinamiento en 1976 del soldado y militante del peronismo revolucionario, Álvaro Illanes (licenciado al momento de su secuestro)

 

 

Cometí errores o imprecisiones que, es menester, cabe rectificar: Horacio Vertbisky en su nota “Paraguas o fusible” publicada el domingo 21 de Julio en Página 12 clarifica el punto: “Nunca existieron en el Ejército subtenientes de Inteligencia, una especialidad en cuyos rudimentos recién es posible iniciarse dos grados más adelante, como teniente 1. Milani egresó del Colegio Militar en diciembre de 1975, fue asignado a una unidad de ingenieros en construcciones con sede en La Rioja, y en marzo de 1976 fue enviado a la Zona de Operaciones de Tucumán, para la construcción de una escuela en Monteros y algunas obras de infraestructura vial”
 

Sabemos hoy, y gracias a la investigación de Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, publicada en el semanario Miradas al Sur, y esencialmente por el testimonio de Ramón Alfredo Olivera, brindado inicialmente en 1984 y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de La Rioja, que Milani era subteniente y que fue el oficial que trasladó a Olivera- según declaraciones del denunciante - luego de ser torturado durante varios días en el Instituto de Rehabilitación (cárcel de la provincia) al Juzgado Federal a cargo del magistrado Roberto Catalán, amenazándolo durante todo el traslado e incluso hostigándolo durante la declaración ante el Juez ( estos datos forman parte de la declaración de Olivera). Por medio de aquella confesión Olivera fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Fue liberado en 1981 y en 1984 brindó su testimonio sobre lo relatado aquí - e investigado por Miradas al Sur - ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Este testimonio no fue incorporado al archivo del Estado nacional.
 

Por otra parte, Illanes asegura que por lo menos tres ex soldados de la época están en condiciones de declarar y afirma que lo harán. Veremos si ello ocurre en el transcurso de los días. Sería de gran importancia para, junto al testimonio de Olivera, echar luz sobre estos hechos que son centrales en la reconstitución de la memoria y el cuerpo colectivo de la Nación, cuerpo marcado a fuego y sangre por el secuestro, tortura y desaparición de 30.000 compatriotas. Cuerpo colectivo que ha sido restañado en su mortal herida gracias a la política de Memoria, Verdad y Justicia.
 

He escrito hace días también, que lo importante de este hecho era la posibilidad de seguir investigando. Digo hoy, y ante el giro veloz que tomó el caso Milani luego de la presentación de la Carta del CELS dirigida al Presidente de la  Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Senador MARCELO GUINLE,  donde se  considera que el ascenso de Milani debe ser rechazado “a partir de esta nueva información”,  que es trascendental la investigación si de honrar ese eje cardinal, sostenido desde 2003 por el Gobierno Nacional, se trata tanto como de ampliar el proceso de Juicios a los responsables civiles y militares de la dictadura iniciada en 1976.
 

Por qué no fue el testimonio de Olivera incorporado a los archivos del Estado Nacional, no lo sé. Por qué tanto el fiscal Pablo Camuña como el Juez Raúl Bejas desestimaron el pedido de investigación - basado en todos los datos conocidos - sobre la participación de Milani en la desaparición del soldado Ledo, presentada por dos dirigentes radicales de la provincia a fines del año pasado, es otro interrogante que deberá ser reconsiderado por el fiscal y el juez a la luz de los últimos acontecimientos. Graciela Ledo - hermana del soldado - le dijo al periodista Eduardo Anguita que no había sido llamada a testificar como tampoco su madre Marcela Brizuela de Ledo, Presidenta de Madres de Plaza de Mayo de La Rioja.
 

También es inadmisible que el capitán Esteban Sanguinetti, sindicado como el principal responsable material de la desaparición de Ledo y comprometido en los casos de Illanes, Olivera y de otros ex soldados del Batallón de Ingenieros trasladado a Tucumán, no haya sido llamado a declarar siquiera desde que se conocieran las denuncias y hasta la fecha (Escribe Eduardo Anguita en su investigación en Miradas al Sur: En el libro El escuadrón perdido, el fallecido capitán del arma de Ingenieros José Luis D’Andrea Mohr detalla los secuestros y/o asesinatos de 129 soldados en ese período. En ese libro, D’Andrea Mohr consigna que el 17 de junio de 1976, el capitán Esteban Sanguinetti sacó a Ledo en tres oportunidades a “hacer una recorrida por la zona”. De la última, Sanguinetti regresó solo.) 

 

Hay otros datos que podrían comprometer a Milani. Su pasado retorna como tornan los espíritus que no han encontrado aún el descanso, negados en su desaparición. En un informe realizado en Mayo del 2000 por los Organismos de Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén titulado “Entrada gratuita al Ámbito del Terror y la Muerte”, que lleva como primer subtítulo “Mostrar para Ocultar”, se consigna que como “festejo de la Semana del Ejército, el Comando de la VI Brigada de Montaña programó una “Exposición de Puertas Abiertas” que consistió en abrir durante seis días las puertas del Batallón 181 a la comunidad del  Neuquén y del Alto Valle para desplegar actividades “culturales , deportivas y castrenses, que incluirán paseos en tanques y otros vehículos de combate”. Los responsables por entonces eran el segundo comandante de la Brigada, Adrián Dale y el jefe del Batallón de Ingenieros, Teniente Coronel César Milani.

 

En el informe los Organismos de Derechos Humanos se preguntan si cuando el “dueño de casa, Tte. Cnel. César Milani, muestre las instalaciones mostrará la construcción que ofició de Centro Clandestino de torturas y exterminio” y agregan “quizás esté reciclado para elaborar panchos y empanadas en la promoción” A continuación y ya bajo el segundo subtítulo “La Escuelita”, describen que “durante el auge del Terrorismo de Estado, años 1976 al 78, a ese establecimiento los militares lo denominaban La Escuelita. “Su descripción exterior figura en varios testimonios de conscriptos. Un detallado croquis fue incorporado al expediente judicial. Incluye el lugar donde se aplicaba la picana y la ubicación de los ganchos, de donde se colgó alguno de los detenidos luego de la sesión de torturas”. En el informe los Organismos se preguntan si Milani, al abrir las puertas del Batallón, mostrará lo que se desea ocultar, es decir, La Escuelita, “el lugar donde se aprende a cantar”. Cabe consignar que en el mismo informe los Organismos de Derechos Humanos especifican que “La investigación judicial de estos crímenes de Lesa Humanidad ha establecido la participación – ya sea directa o en tareas de supervisión, apoyo logístico, etc. – de los siguientes militares: Gral. José Luis SEXTON, Coroneles Braulio OLEA, Mario GOMEZ ARENA y Oscar REINHOLD, Teniente Coroneles MOLINA EZCURRA y Carlos Alberto MARTINEZ, Mayor Luis Alberto FARIAS, etc. Todos ellos fueron beneficiados por leyes de impunidad; ninguno fue denunciado por el propio Ejército. Esa Institución procuró – y procura – sustraerlos a la acción de la Justicia, mientras habla de su “vocación democrática”” (Se recuerda al lector que el Informe elaborado por los Organismos de Derechos Humanos de las Provincias de Río Negro y Neuquén corresponde al año 2000)